Testigos de Jehová – Crisis del COVID-19 y vacunación – Investigación de la CPI sobre el Cuerpo Gobernante y la Watch Tower
Esta página presenta la solicitud oficial de investigación presentada por Abdías ante la Fiscalía de la CPI, sobre hechos graves en el marco del derecho internacional. Incluye el contexto, los fundamentos jurídicos y el acuse de recibo emitido por la Corte.
Abdias Foco
A la atención de la Oficina del Fiscal Corte Penal Internacional Maanweg 174 2516 AB La Haya Países Bajos
Asunto: Presunta implicación de miembros del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová en crímenes de lesa humanidad relacionados con la gestión de la crisis del COVID-19
Estimados señores,
Me dirijo a ustedes en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma, con el fin de poner en su conocimiento hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según la jurisdicción de esta Corte.
La gestión global de la crisis del COVID-19, en particular la campaña de vacunación masiva y coercitiva, expuso a millones de personas a riesgos graves sin consentimiento informado. Se destruyeron vidas, se dañaron cuerpos, se vulneraron libertades fundamentales. Esta política, aplicada de forma sistemática y generalizada, provocó sufrimiento humano de una magnitud sin precedentes. Solicitamos que estos hechos sean examinados por su Oficina, con miras a una posible apertura de investigación, conforme a las disposiciones del Estatuto de Roma.
La gestión global de la crisis del COVID-19 implicó medidas coercitivas, una campaña de vacunación masiva y la represión de la disidencia científica. Millones de personas fueron expuestas a productos autorizados de emergencia, sin consentimiento informado, y se han reportado efectos adversos graves en las bases oficiales de farmacovigilancia. Esta comunicación tiene como objetivo poner estos hechos en conocimiento de la Oficina del Fiscal de la CPI, para su evaluación jurídica conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma.
No se trata de un error de gestión. No es una negligencia sanitaria. Es una política global que sacrificó al individuo en nombre de un dogma sanitario. Cuando las instituciones imponen un producto experimental a poblaciones poco expuestas al peligro inicial, ocultando los efectos secundarios y reprimiendo toda disidencia, se supera el error político: se convierte en un ataque sistemático contra la dignidad humana. Y merece ser calificado como lo que es: un crimen de lesa humanidad.
Desde una perspectiva epidemiológica y ética, resulta profundamente incoherente haber impuesto la vacunación a toda la población mundial, cuando los datos disponibles desde los primeros meses de la pandemia indicaban claramente que el COVID-19 representaba un peligro grave principalmente para una fracción muy reducida de la población — en particular personas mayores y vulnerables. En Francia, por ejemplo, la edad media de los fallecidos por COVID-19 era de 81 años, lo que demuestra que el riesgo letal se concentraba en un grupo ya expuesto a una mortalidad natural elevada.
Esta desproporción entre el riesgo real y la respuesta impuesta plantea interrogantes fundamentales sobre la legitimidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, especialmente cuando se aplicaron sin consentimiento informado y acompañadas de sanciones sociales o profesionales.
Ver anexos A B C D
Deseo poner en conocimiento de la Oficina del Fiscal elementos adicionales sobre la presunta complicidad de los miembros del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová durante la pandemia — Kenneth Cook, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Mark Sanderson, David Splane, Antony Morris — en relación con los crímenes de lesa humanidad ya expuestos en mi comunicación inicial. Se alega que estos miembros, mediante su autoridad espiritual y considerable influencia moral sobre los fieles, ejercieron una presión psicológica intensa para imponer la adhesión a las campañas de vacunación contra el COVID-19.
Esta presión se manifestó especialmente a través de las publicaciones internas tituladas «Puntos de actualidad» n.º 7, 8, 9 y 10 del año 2021, analizadas públicamente en el canal de YouTube Abdias JW COVID — vídeos 21, 22, 24, 25, 26, 27. Estos documentos, aunque formulados de manera tácita, transmitían de forma inequívoca que seguir las recomendaciones sanitarias de los gobiernos — incluida la vacunación — constituía un acto conforme a la voluntad divina, tal como la interpreta la organización. Esto generaba una imposición moral encubierta, que equiparaba la no conformidad con una forma de desobediencia a Dios.
Esta lógica se basa en un principio fundamental afirmado regularmente por los miembros del Cuerpo Gobernante: la exigencia de una confianza absoluta en su dirección espiritual, presentada como el canal exclusivo de comunicación entre Dios y los fieles. Como se afirma en la revista La Atalaya de noviembre de 2013, página 20: «Debemos tener plena confianza en el Cuerpo Gobernante, pues es a través de él que Jehová nos guía hoy». Así, cualquier cuestionamiento de las directrices emitidas — incluso cuando se trata de decisiones sanitarias o gubernamentales — se percibe implícitamente como una afrenta a la fe misma.
Se sostiene que esta estrategia de comunicación, emanada de un órgano religioso dirigente, contribuyó a la comisión de crímenes de lesa humanidad al inducir, mediante coacción moral y manipulación espiritual, a individuos a someterse a actos médicos contra su voluntad informada. Esta influencia podría ser calificada como complicidad según el artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma, como «ayuda, estímulo o contribución» a la comisión de un acto delictivo, con conocimiento de la intención criminal principal.
Solicito que la Oficina del Fiscal examine estos elementos en el marco del análisis preliminar, con el fin de evaluar si los miembros del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová pueden ser considerados cómplices de los crímenes de lesa humanidad mencionados en mi comunicación inicial.
Dado que la instrucción de obedecer las recomendaciones sanitarias de las autoridades gubernamentales sigue vigente dentro de la organización de los Testigos de Jehová, también deseo poner en conocimiento de la Oficina del Fiscal a los actuales miembros del Cuerpo Gobernante — Gage Fleegle, Jody Jedele, Jacob Rumph y Jeffrey Winder — como posibles responsables, en virtud de su papel en la continuidad de dicha directiva.
Esperando que estos hechos contribuyan a la apertura de una investigación imparcial y rigurosa, les saludo atentamente,
Abdias Foco